Destitución de Rousseff no es segura, pero es posible

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Publicado en La Vanguardia. Por Ana María Pomi (DPA) viagra coupons for sams club

La actual situación política de Brasil se puede resumir en una palabra: incertidumbre. Un eventual juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que podría derivar en su salida anticipada del gobierno, puede demorar en materializarse, e incluso no suceder, pero es una hipótesis que no puede descartarse.

La situación de Rousseff “no es buena”, constató el ex ministro del Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto.

La mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) aguarda los resultados de los análisis de dos tribunales: el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Tribunal Supremo Electoral (STE).

El primero evalúa si la presidenta cometió delito de responsabilidad fiscal al realizar maniobras contables en 2014, último año de su anterior mandato. Si las cuentas son rechazadas, le corresponde al Congreso decidir si inicia o no un juicio político en contra de la presidenta, lo que puede derivar en que sea impedida de continuar al frente del gobierno.

El segundo investiga si su campaña electoral recibió fondos desviados el ente estatal Petrobras, sumido en un colosal escándalo de corrupción. Para ello, el STE interrogará a un empresario preso por sus nexos con el caso, quien afirma que donó dinero fruto de los fraudes a la campaña de la presidenta. De comprobarse sus dichos, Rousseff puede ser despojada de su mandato en forma directa.

Britto señaló que la posibilidad de que la mandataria responda por delito de responsabilidad “está contemplada en la Constitución”.

No obstante, matizó, la amenaza no proviene del TCU sino del Congreso: El delito de responsabilidad conlleva un proceso “esencialmente político”, afirmó.

“Quien autoriza el proceso (de juicio político) es una instancia política, la Cámara de Diputados, y quien efectivamente lo juzga es otra instancia política, el Senado Federal”, explicó, añadiendo que ambas cámaras deciden “por criterios de conveniencia y de oportunidad”.

“En el juicio ante el Senado, la cuestión jurídica no es decisiva”, subrayó.

Respecto al delito electoral, la situación es más grave todavía, ya que es más “rápido”. Esto se debe, explicó el jurista, porque en este caso se trata de “mandatos que están siendo puestos en jaque, son temporarios y hay otros intereses, competidores, partidos de oposición”.

“La Justicia Electoral es la más rápida de todas las instancias brasileñas”, afirmó.

En tal sentido, cabe recordar que la Cámara Baja y el Senado están presididos, respectivamente, por Eduardo Cunha y Renan Calheiros, bajo cuya influencia el Congreso le ha propinado varias derrotas al Ejecutivo, aún cuando ambos integran el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno.

El “clima de impeachment” se instaló con más fuerza este fin de semana, después de que el presidente del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, dijera que su partido está “listo” para gobernar y que esto puede suceder “en breve”.

Ante sus declaraciones, y por primera vez desde que comenzaron a circular los rumores de una eventual destitución, Rousseff habló directamente sobre el asunto.

“No voy a caer. No lo haré. Eso es inconsistente, es lucha política. Las personas caen cuando están dispuestas a caer. No lo estoy. No hay base para que yo caiga”, dijo y la presidenta al diario “Folha de Sao Paulo”.

El solo hecho de que la presidenta abordara de manera frontal el asunto, fue interpretado por analistas como una forma de asumir que efectivamente puede verse forzada a dejar el gobierno antes de tiempo.

“Es increíble, desde el punto de vista político y de marketing, y hasta de resultados que el gobierno admita un ‘clima de impeachment’ y la presidenta salga por ahí diciendo que no va a caer. (…) En la sociedad, universo en el que Dilma tiene un mísero nueve por ciento de aprobación, eso suena así: ‘¡Uy, la presidenta está cayendo!”, opinó la analista Eliane Cantanhede, del diario “O Estado de Sao Paulo”.

La coalición aliada del gobierno emitió el martes un comunicado conjunto en el que respaldó a la presidenta y ratificó “su profundo respeto a la Constitución federal y su ineludible compromiso con la voluntad popular en las urnas y con la legalidad democrática”.

Pero más allá de apoyos formales, los dictámenes de los tribunales están a punto de ver la luz, y lo harán en momentos en que la mandataria se ve cada vez más aislada: solo entre el nueve y 10 por ciento de los brasileños la apoyan; tiene al Congreso en pie de guerra; su propio partido titubea a la hora de darle apoyo, especialmente por el ajuste fiscal que mermó derechos laborales, y su mentor político, Luiz Inacio Lula da Silva, se llamó a silencio en el auge de la crisis.

Aún cuando no prospere, el “impeachment” está instalado en Brasil y su sola mención deja al país sin saber el rumbo de su futuro cercano.

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