Publicado en El País. De Manuel Planeyes
La ampliación de la soberanía marina a la que aspira España en las aguas Canarias ha desencadenado un choque con Marruecos ante la ONU. Parte de esa ampliación propuesta por el Ministerio de Exteriores, que dirige José Manuel García-Margallo, entra dentro de las aguas del Sáhara Occidental, protesta Marruecos. Este país se atribuye como propias esas aguas y ha manifestado ante la ONU su “rechazo a cualquier acto diseñado unilateralmente para delimitar la plataforma continental”. Ahora, España responde ante la ONU que su propuesta “no constituye una delimitación unilateral de sus espacios marinos y resulta conforme con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
Este enfrentamiento se remonta a diciembre de 2014, cuando España presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU un plan para ampliar su soberanía sobre los recursos naturales de un área marina de unos 296.500 kilómetros cuadrados al oeste de Canarias. Se trata de un proceso, amparado en la convención sobre Derecho del Mar, al que muchos Estados ribereños se han ido sumando en los últimos 15 años. La propuesta española, que hace la número 77, ha sido la última en presentarse ante la ONU.
Este proceso ha generado ya tensiones entre países en muchos de los casos. Pero la propuesta española tiene una peculiaridad al afectar a aguas del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo bajo supervisión del Comité de Descolonización de la ONU y que ocupa Marruecos desde que España se marchó en los setenta. Pese a estar en este limbo, el Gobierno marroquí se ha atribuido como propias las aguas saharauis y ha protestado ante la ONU. En su contestación, España no entra en el tema de la soberanía de esa zona.
Sin embargo, el Gobierno español muestra “su disposición a delimitar con Marruecos, Portugal [hay otra zona de la ampliación que entraría en aguas portuguesas] o cualquier otro Estado ribereño sus espacios marinos”. En 2009, el anterior Gobierno ya anunció sus planes de ampliación de la plataforma continental ante la ONU. El documento registrado entonces en Nueva York apuntaba a que, en la zona sur, la extensión 2podría superponerse con una eventual ampliación (…) de la plataforma continental del margen saharaui”. Y se indicaba que esta disputa se resolvería en el futuro con una negociación bilateral entre Estados, sin especificar el país. Del texto definitivo presentado en diciembre por el Gobierno se suprimió la referencia expresa al Sáhara. Solo se hacía una mención genérica a “los derechos de terceros que puedan ser reclamados en su día”. El argumento que defendía España era que, en el futuro, cuando exista un Estado con el que negociar, se abrirán las conversaciones sobre aguas saharauis.
Ante la protesta marroquí, el Gobierno reitera en su escrito de contestación que “respeta plenamente el Derecho Internacional y en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
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