Ley de transparencia

transparencia

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno define una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información. Tras las aportaciones ciudadanas, se amplió la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que se incluyó lo relativo a los contratos públicos. Además, se estableció la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores. Las enmiendas en el trámite parlamentario también han introducido varios cambios, incluida una disposición adicional que modifica la Ley Contra el Blanqueo y la Financiación del terrorismo de 2010. Esto afecta a casi todas las actividades que suponen movimientos de capitales y que realizan, por ejemplo, entidades financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones, profesionales de la intermediación y casinos.

El objetivo del gobierno respecto de la Transparencia es ampliar y garantizar el derecho de acceso a la información pública, sometiendo toda la información relativa a la actividad administrativa al escrutinio del ciudadano y haciendo de la transparencia una exigencia activa de publicidad y permeabilidad de la gestión pública.
Y respecto del Buen gobierno busca imponer una mayor responsabilidad a los gestores públicos, articulando, con rango legal, una serie de exigencias éticas generales y también de obligaciones de actuación concretas para todos los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

Si se produjese el incumplimiento de la misma,la ley establece cerca de cuarenta de infracciones, la mayoría muy graves, en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias.

Es necesario incorporar esta ley porque contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad democrática, y así facilitar a los ciudadanos el acceso a la información sobre el funcionamiento de la administración para lograr una mayor eficiencia.

Los ciudadanos podrán disponer de todo la información sobre como ha gestionado el gobierno los recursos y de esta manera, tendremos una idea más real de su  desempeño y compromiso.

Es un medio que sirve de balance a la hora de votar a los candidatos

 

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