Publicado en El Mundo. PorLluis Ángel Sanz
Imagen: Irene Lozano y Rosa Díez el pasado jueves en el Congreso. CHEMA BARROSO
La diputada Irene Lozano y otros tres dirigentes de UPyD han enviado esta noche a la Comisión de Garantías del partido una denuncia en la que reclaman la apertura de un expediente disciplinario a todos los integrantes del Consejo de Dirección -que preside Rosa Díez– y que se les «suspenda inmediatamente de su ejercicio» y de forma cautelar. Los hechos denunciados son «gravísimos», en su opinión, y podrían constituir incluso delitos penados con hasta cinco años de prisión en el Código Penal.
El escrito enviado a UPyD -al que ha tenido acceso EL MUNDO- relata pormenorizadamente que la dirección del partido rastreó correos electrónicos privados de algunos de sus dirigentes (en especial el de su portavoz en Asturias, Ignacio Prendes), filtró algunos a distintos medios de comunicación y después elaboró un informe que mandó -con la reproducción de correos- a los 150 miembros del Consejo Político de UPyD.
Irene Lozano entiende que la intención de Díez y de la actual dirección con estas actuaciones es atacar y desprestigiar su lista alternativa y así ganar el congreso extraordinario que se celebrará el 11 de julio y que elegirá a la nueva dirección de la formación magenta.
Dadas estas «gravísimas actuaciones», Irene Lozano, Luciana Miguel (portavoz y concejal en Segovia), Rodrigo Tena (ex miembro del Consejo de Dirección) y Félix Ortiz (miembro de la Comisión de Garantías) reclaman que sea esta Comisión de Garantías la que asuma desde hoy la organización del proceso electoral para elegir a una nueva dirección del partido; o que incluso nombre a una Gestora para pilotar el cónclave de julio «con imparcialidad».
Los denunciantes dejan abierta la puerta a emprender posteriormente acciones penales por vulneración del derecho a la intimidad y al honor. Pero ahora prefieren basar su denuncia ante los órganos del partido en un argumento político: la dirección de UPyD ha tratado de utilizar los medios técnicos del partido y esos correos electrónicos para atacar a una candidatura rival y enfrentada a la más próxima a la dirección.
‘Parcialidad en el ejercicio de sus funciones’
La denuncia de Lozano y los otros tres críticos incide en que el Consejo de Dirección «ha demostrado una absoluta parcialidad en el ejercicio de sus funciones». Además, reclaman a UPyD que aporte la factura del espionaje de correos privados encargado a la empresa Forest Digital. Lozano quiere conocer el “importe exacto invertido por el partido en este espionaje en plena campaña electoral”. Este desvío de fondos a un fin presuntamente ilegal para perjudicar una candidatura podría constituir incluso nuevos delitos, aunque la lista que encabeza Lozano aún no ha decidido emprender acciones legales.
Por todo ello y tras pedir la suspensión de la dirección, los denunciantes reclaman que el Consejo «cese en su política de acoso» a los afiliados que están tratando de poner en marcha un proyecto alternativo al de Rosa Díez.
El pasado 3 de junio, el Consejo de Dirección envió a todos los miembros del Consejo Político de UPyD (unos 150) un correo electrónico archivo adjunto: Informe sobre la actuación coordinada de Ignacio Prendes y ciertos miembros de UPyD para desarticular las listas electorales de este partido y forzar una coalición con C’s. Como argumentan a continuación, todo lo expuesto en ese informe es falso. El mismo utiliza fragmentos sacados de contexto de correos privados para tratar de probar sus acusaciones.
En el citado informe, la dirección reconoce expresamente haber contratado a una empresa para examinar la cuenta de UPyD de uno de los afiliados, Ignacio Prendes. Este hecho es absolutamente ilegal, denuncian, como establece el artículo 197.1 del Código Penal (que prevé prisión de uno a cuatro años para el que lo vulnere). El mismo Código Penal también prevé pena de dos a cinco años de cárcel para quienes difundan esos correos electrónicos privados.
El informe de la dirección contiene, en opinión de los denunciantes, «multitud de comentarios denigratorios» y «tergiversaciones manifiestas» para avalar sus tesis contra Lozano.
Como añade la denuncia, los Estatutos de UPyD prevén la suspensión de militancia de los dirigentes que utilicen «indebidamente documentación o información» a la que hayan tenido acceso.Por eso, reclaman la suspensión de la dirección para que sea un órgano imparcial el que a partir de ahora organice el congreso.
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