Publicado en El País. Por Juan José Mateo
Imagen: Un colegio electoral, el pasado 24 de mayo
Manuel Varela, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Dos Hermanas (Sevilla), renunció a su candidatura el mismo día de las elecciones (24 de mayo). Un juzgado investiga ahora si fue víctima de un chantaje que usaba su vida privada como arma: o abandonaba, o un vídeo suyo consumiendo cocaína sería difundido “masivamente”, según cuenta en su denuncia.
No es un caso único. Los partidos emergentes han atraído a la política a miles de personas sin trayectoria previa en la gestión pública. Igual que la dirección de Ciudadanos investigó las biografías de sus candidatos, hubo otras personas, presuntamente con un interés político, que aprovecharon el anonimato de las redes para inundar Internet y las redacciones de los medios con vídeos comprometedores para algunos políticos de nuevo cuño. Había escenas en locales de striptease. Fotos con el brazo en alto sin ningún contexto. Cortometrajes en los que se criticaba el currículo del candidato. Los límites entre la vida privada y la política quedaron desdibujados en la pelea electoral.
“En España nos encontramos en un momento de transición en cómo enfocamos el modelo de ejemplaridad pública, y hay una situación de cierto chantajismo, de una amenaza de usar tu conducta privada para liquidar tu vida pública y política”, argumentó Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y firmante del Manifiesto por la recuperación de la ética en la política y la comunicación. “Debemos resituarnos”, añadió. “En los países anglosajones, da igual lo que hagan los políticos en su vida privada, pero se les pide un gran rigor en la vida pública”, siguió. “En Estados Unidos se penaliza que el político se distancie de la normalidad en su vida privada, la mentira, y que lo que haga dificulte el ejercicio de su trabajo”, continuó. “Aquí, en España, ni una cosa ni la otra. No tenemos muy claro qué modelo de ética pública tenemos”.
“A mí, el proyecto político me lo han asesinado”, explicó Varela, el candidato de Ciudadanos en Dos Hermanas, que antes fue concejal del PP. “He vivido un momento duro, límite. Ha sido brutal”. Su caso, sin embargo, no es único, pese a que lógicamente la mayoría no trascienden.
Hace siete meses, UPyD denunció que estaba recibiendo emails anónimos con información “falsa” sobre la vida laboral de un concejal en el Ayuntamiento de Murcia, con la meta de que no volviera a ser su candidato a la alcaldía. Un candidato de Ciudadanos en Almería y otro en Valencia atribuyeron a “intereses políticos” que se aireara que estaban imputados por delitos que no tienen que ver con la corrupción, sino con su desempeño profesional previo a la entrada en la política. La publicación de la grabación de una conversación privada entre el candidato de Ciudadanos en Navarra y un miembro del partido, de la que se podía deducir que el primero ofrecía trabajo al segundo si dejaba la política, provocó una fuerte polémica. Finalmente, EL PAÍS pudo constatar que en 2015 hubo un intento de torpedear las negociaciones entre el PP y Ciudadanos en una Comunidad Autónoma utilizando un informe sobre capítulos de la vida del candidato que tenían ya más de 20 años.
“Sin duda, las exigencias de privacidad de un ciudadano corriente no son las mismas que las de un candidato o un responsable político en el ejercicio de su cargo”, opinó Manuel Toscano, profesor de ética y filosofía política. “Eso ya lo señalaban Warren y Brandeis, los juristas americanos que defendieron por primera vez el derecho a la privacidad. Pero, aunque controvertidos, hay límites al uso de datos de la vida personal y familiar en la política. Uno de esos límites está en prevenir que la rivalidad política degenere en la destrucción personal del adversario”, argumentó. “Se percibe en la sociedad española una creciente demanda de ejemplaridad y de renovación de la vida democrática a la que hay que atender, sin duda. Esa demanda va dirigida principalmente al uso que los políticos hacen de los cargos institucionales que ocupan y de los recursos públicos que administran”, recalcó. “Y se refiere a lo que los clásicos llamaban “virtud cívica”: la búsqueda del bien común por encima de los intereses particulares o de partido”.
El juego sucio en política cuenta hoy con el altavoz de las nuevas tecnologías. Por eso proliferan las investigaciones preventivas en los propios partidos. Todos saben que Twitter, Facebook y YouTube permiten amenazar al rival político con una difusión inmediata, global y viral.
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