El pasado 14 de febrero se celebraron las elecciones autonómicas catalanas, en las que, pese a la victoria del PSC con el exministro Salvador Illa como candidato, las fuerzas independentistas volvieron a sumar mayoría.
Sin embargo, no ha sido hasta el pasado viernes 21 de mayo cuando estos partidos han conseguido llegar a un acuerdo para investir como Presidente de la Generalidad a Pere Aragonès, líder de la formación “Esquerra Republicana de Catalunya”. El líder independentista ha conseguido, contra todo pronóstico, convencer tanto a Junts como a la CUP de que le dieran su apoyo para gobernar durante los próximos años. Las negociaciones han sido difíciles, y los apoyos no son, ni mucho menos, un cheque en blanco para los republicanos.
En primer lugar, Junts, el partido de Puigdemont se ve ahora en una situación complicada. Hasta ahora habían conseguido ser el principal actor del independentismo, con su líder “exiliado” en Bélgica actuando como mártir de los suyos y siendo los que mayor capacidad de decisión tenían. Pero ya no es así. Esquerra tiene más votos y por lo tanto serán ahora ellos quienes marquen las pautas de la agenda secesionista. Aun así, los antiguos convergentes querrán seguir influyendo lo máximo posible y exigiendo la ruptura con España como han venido haciendo hasta el momento. Algunos de sus líderes podrían dar un paso atrás por su derrota electoral, dejando paso a nuevas caras en el partido como Laura Borràs o Jordi Sánchez.
Por su parte la CUP, con 9 diputados, ha aceptado este gobierno con una serie de condiciones hacia Esquerra, que exigen principalmente una legislatura de izquierdas y una confrontación con lo que ellos consideran que es el problema principal, el capitalismo encarnado en España. Sus líderes han anunciado que se mantendrán vigilantes ante el cumplimiento de los acuerdos firmados y en la oposición al gobierno, pese a haberles otorgado inicialmente su apoyo y confianza.
A Esquerra Republicana, que parece tener una estrategia más dialogante con España dentro del independentismo, le espera una dura legislatura en la que no irá sobrado de apoyos y en la que tendrá que contentar muchas sensibilidades distintas. Por ello, y como viene siendo habitual en los últimos años, la estabilidad no será la principal característica de este nuevo gobierno.
La incógnita será ahora ver qué exigencias se cumplen (nuevo referéndum, amnistías, políticas sociales, etc.) y cómo será la relación del nuevo Presidente, Aragonès, con el ejecutivo nacional de Pedro Sánchez, si más cercana al diálogo, a la confrontación o como en ocasiones ha ocurrido entre ambos gobiernos, inexistente.
En cuanto al resto de partidos, se han mostrado todos contrarios a la formación de este gobierno de corte independentista.
En primer lugar, la izquierda del PSC y los Comunes no ha conseguido convencer a Esquerra y llegar a un acuerdo para hacer un tripartito, ya que en ese caso debería haber sido liderado por el PSOE, algo que no gustaba en absoluto en el independentismo.
Por su parte, el centroderecha no independentista, representado por Vox, Ciudadanos y PP, se ha mostrado radicalmente contrario a este gobierno y se mantendrán en la oposición y la confrontación política en los próximos años, habiendo recordado de nuevo en la sesión de investidura la imposibilidad legal de llevar a cabo el tan ansiado referéndum de autodeterminación, al menos de la manera propuesta hasta el momento.
Otras voces que se tratarán de hacer notar en esta investidura son las más partidarias de la ruptura total con el resto del estado, encarnadas en asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana o el ex Presidente inhabilitado, Quim Torra, escudándose en la mayoría obtenida por las fuerzas soberanistas en el 14-F para hacer efectiva la independencia de manera inmediata.
En definitiva, Cataluña sigue sumergida en un ambiente político convulso y lleno de incógnitas, que ahora inicia una nueva etapa con un nuevo partido en la presidencia, por lo que la toma de decisiones puede cambiar con respecto a lo sucedido en los últimos años. Pese a ello, la legalidad española parece que seguirá siendo uno de sus mayores impedimentos, ya que como hemos comprobado en el pasado, los incumplimientos de esta pueden acabar en prisión, inhabilitaciones y fugas a terceros países.
Carlos Ruiz Barro